El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca ampliar el uso de medios de pago como códigos QR, tecnología NFC, tarjetas y transferencias, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y fomentar la inclusión financiera.
La reforma establece nuevas obligaciones para las instituciones financieras y otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para determinar en qué sectores o actividades el pago digital será la única forma de pago permitida. Este punto generó cuestionamientos de la oposición e incluso de un senador de Morena, quien advirtió sobre los riesgos de dejar esa decisión en manos de Hacienda.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Economía Digital?
La legislación busca facilitar las transacciones electrónicas y ampliar el acceso a servicios financieros. Entre sus disposiciones, establece que las entidades financieras deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos de confianza para contratar servicios de manera remota.
También contempla que el Banco de México (Banxico) emita disposiciones para homologar el funcionamiento de las aplicaciones financieras y que las terminales punto de venta que actualmente aceptan tarjetas puedan procesar pagos mediante códigos QR.
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió la reforma y sostuvo que la digitalización debe facilitar la participación de personas y pequeños negocios en la economía.
“No se trata solamente de modernizar la manera de pagar, se trata de reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía”, señaló.
El legislador añadió que digitalizar las operaciones no resuelve por sí mismo las desigualdades económicas, pero puede facilitar las transacciones, reducir trámites y ampliar el acceso a servicios financieros.
Por su parte, el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona afirmó que la digitalización puede reducir costos y ayudar a las personas y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a construir historiales de transacciones que faciliten el acceso al crédito formal.
