Por su presunta participación en el desvío de 2 millones 200 mil pesos del Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, el extesorero municipal M.E.C.C. fue vinculado a proceso por el delito de peculado agravado y permanecerá en prisión preventiva justificada, luego de que una jueza de Control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría intervenido en la contratación irregular de deuda pública para disponer de recursos del patrimonio municipal, mediante un crédito solicitado a nombre del Ayuntamiento en enero de 2022.
El financiamiento supuestamente sería utilizado para obras de recarpeteo, adquisición de maquinaria y remodelación de la Presidencia Municipal; sin embargo, la Fiscalía señaló que durante las indagatorias no se logró acreditar la realización de dichos trabajos.
Entre las irregularidades investigadas se encuentra el manejo de documentación oficial, la apertura de una cuenta bancaria para administrar el dinero y la existencia de actas de Cabildo con el mismo número y fecha, pero con formatos diferentes y firmas cuya autenticidad fue cuestionada.
Estos elementos surgieron de una denuncia presentada por servidores públicos de Ignacio Zaragoza y fueron incorporados por el Ministerio Público para sustentar la probable responsabilidad del exfuncionario en el delito de peculado agravado.
Durante la audiencia, la jueza determinó mantener la prisión preventiva justificada por un periodo de dos años, al considerar válidos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción sobre la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal.
Asimismo, estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual las partes involucradas podrán continuar con las diligencias correspondientes conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que continuará con el procedimiento judicial para esclarecer el destino de los recursos y determinar las posibles responsabilidades por las afectaciones al patrimonio municipal.
Finalmente, la dependencia reiteró que la vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que M.E.C.C. conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante una sentencia firme.
