La presidenta Claudia Sheinbaum firmó durante la Mañanera del Pueblo el decreto de reforma constitucional que establecerá, a partir de 2028, la obligación de contar únicamente con nacionalidad mexicana para quienes busquen competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Sheinbaum explicó que la reforma ya había sido aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, además de recibir el respaldo necesario de congresos estatales, por lo que procedió a firmar el decreto para su publicación.
La reforma modifica disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos para encabezar los poderes ejecutivos federal y locales; el debate legislativo se centró en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
Durante la conferencia, Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de México, explicó que la modificación comenzará a aplicarse en 2028 y que las personas que tengan doble nacionalidad podrán participar siempre que renuncien previamente a la nacionalidad adicional antes de formalizar su registro electoral.
“Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral”, explicó.
Alcalde señaló que la reforma cumplió con el procedimiento constitucional luego de ser aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras y por 22 legislaturas locales, antes de la declaratoria correspondiente del Congreso.
La disposición alcanzará a quienes aspiren a la Presidencia de México, gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La funcionaria adelantó que posteriormente deberán expedirse disposiciones reglamentarias para establecer con precisión el procedimiento mediante el cual una persona deberá acreditar la renuncia a otra nacionalidad, así como las autoridades mexicanas y extranjeras que intervendrán en el trámite.
La reforma generó posiciones encontradas durante su discusión legislativa. Senadores del PAN que votaron en contra argumentaron que la medida restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de integrantes de comunidades migrantes; esa postura corresponde a la oposición legislativa a la reforma.
Con la firma presidencial, el Ejecutivo dio paso a la publicación del decreto y a la posterior reglamentación de los requisitos que deberán cumplirse antes de su entrada en aplicación en 2028.
