Con 18 votos en contra, el Congreso del Estado rechazó un exhorto presentado por la diputada de Morena, Magdalena Rentería, para solicitar que la gobernadora María Eugenia Campos Galván se separe temporalmente del cargo mientras continúan las investigaciones relacionadas con la presunta participación de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad en El Pinal, municipio de Morelos.
La propuesta recibió el voto en contra de 18 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de dos abstenciones correspondientes al PT y al Partido Verde, mientras que otras dos diputaciones no emitieron su voto, según la información difundida por la legisladora.
Rentería cuestionó la decisión de la mayoría parlamentaria y señaló que algunos diputados votaron sin encontrarse físicamente en el recinto legislativo, situación que consideró contraria a la rendición de cuentas.
La diputada sostuvo que la gobernadora debe explicar si tenía conocimiento de la participación de ciudadanos estadounidenses en actividades relacionadas con corporaciones de seguridad estatales y, en caso contrario, aclarar cómo se permitió su intervención.
De acuerdo con la legisladora, información expuesta en procedimientos judiciales apunta a que la relación entre personas extranjeras y corporaciones estatales podría remontarse a octubre de 2025.
Asimismo, señaló que existen distintas versiones oficiales sobre el número de participantes extranjeros, las autoridades encargadas de coordinar sus actividades y los funcionarios que tenían conocimiento de su presencia.
Rentería consideró que la salida del exfiscal César Jáuregui no esclarece las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, por lo que insistió en la necesidad de revisar las autorizaciones y los mecanismos de supervisión utilizados.
La legisladora aclaró que su solicitud de licencia no representa una declaración de culpabilidad contra la mandataria estatal, sino una medida que, desde su perspectiva, permitiría desarrollar las investigaciones sin posibles interferencias políticas.
El punto de acuerdo también contemplaba solicitar a la Fiscalía estatal información sobre los protocolos de cooperación con personas extranjeras, las autorizaciones correspondientes, los controles de armamento y los registros de acceso a instalaciones de seguridad.
Además, planteaba que el Poder Ejecutivo transparentara las comunicaciones y decisiones relacionadas con el caso, a fin de conocer el alcance de la participación de las autoridades estatales.
Finalmente, Rentería insistió en que la ciudadanía debe recibir explicaciones sobre lo ocurrido y conocer si las actuaciones señaladas se realizaron conforme a la legislación mexicana.
“La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende respetando la ley y asumiendo responsabilidades. Chihuahua merece conocer la verdad”, sostuvo.
