El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnará los lineamientos de paridad y acciones afirmativas aprobados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) para el proceso electoral 2026-2027, al considerar que el organismo excedió sus facultades al establecer municipios donde los partidos deberán postular obligatoriamente a mujeres.
Fernando Mendoza, representante del PRI ante el IEE, señaló que su partido está a favor de la paridad de género y de las acciones afirmativas, pero cuestionó que la autoridad electoral pretenda determinar en qué municipios deben registrarse candidaturas femeninas.
Explicó que la legislación electoral ya contempla mecanismos para garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres, por lo que, de los 67 municipios de Chihuahua, en 34 deberán postularse mujeres y en 33 hombres.
Sin embargo, sostuvo que corresponde a los partidos políticos definir sus candidaturas, respetando los bloques de competitividad electoral y los principios de paridad establecidos en la legislación.
Mendoza argumentó que el IEE debe limitarse a sus atribuciones como organizador y árbitro de la contienda, sin intervenir en las decisiones internas de las fuerzas políticas.
Como antecedente, mencionó resoluciones electorales relacionadas con casos similares en Jalisco y Guanajuato, donde, según explicó, se cuestionó la reserva obligatoria de determinados municipios para candidaturas femeninas.
El representante priista aseguró que durante la sesión en la que se aprobaron los lineamientos existió inconformidad de todas las fuerzas políticas, por lo que anticipó que podrían presentarse diversas impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
Asimismo, advirtió que, de no obtener una resolución favorable, el PRI podría recurrir a instancias superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, reiteró que el partido respalda la participación política de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas de la diversidad sexual, pero insistió en que las medidas deben ajustarse a las facultades legales del organismo electoral.
