La diputada del Partido del Trabajo, Irlanda Márquez, en su calidad de integrante de la Comisión de Justicia, presentó ante el Congreso del Estado un dictamen que propone fortalecer el marco legal en materia de delitos sexuales, al considerar la alta incidencia de violencia contra las mujeres y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en esta materia.
La propuesta consiste en adicionar una fracción al artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de establecer como agravante que el delito sea cometido por quien, al desempeñar una profesión u oficio, se aproveche de los medios o circunstancias que estos le proporcionan. El decreto contempla que la reforma entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En la exposición de motivos se señala que organismos internacionales, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, han advertido sobre la gravedad y persistencia de la violencia ejercida contra las mujeres, particularmente la de carácter sexual. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 80 por ciento de los delitos cometidos contra mujeres en México corresponden a abuso sexual y violación, lo que refleja la dimensión del problema y la necesidad de respuestas institucionales más severas.
El dictamen retoma criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar que el Poder Legislativo cuenta con facultades amplias para definir la política criminal del Estado, incluyendo el aumento de penas cuando la incidencia delictiva lo justifique. En este contexto, se plantea que la violación sexual no solo vulnera derechos fundamentales, sino que constituye una grave afectación a la dignidad humana, cuyos daños pueden ser de difícil reparación.
