Una investigación para esclarecer los presuntos actos de corrupción denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y otros funcionarios fue solicitada por el dirigente estatal del PRI, Álex Domínguez, luego de que el senador Alejandro Moreno Cárdenas presentara una denuncia penal por posibles irregularidades.
El también diputado federal señaló que corresponde a la autoridad federal revisar los hechos denunciados y determinar si existen elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades penales.
De acuerdo con la información difundida por el PRI, la denuncia incluye señalamientos contra José Alfredo Hernández Casillas, Carlos Daniel Luna Rosas y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, además de otras personas que pudieran resultar involucradas.
El documento solicita investigar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, asociación delictuosa y otras conductas que pudieran identificarse durante las indagatorias.
Domínguez consideró necesario que la FGR realice una investigación transparente y exhaustiva, debido a que los señalamientos involucran a funcionarios relacionados con el Instituto Nacional Electoral.
El dirigente priista sostuvo que este tipo de denuncias deben atenderse mediante los procedimientos legales correspondientes, con el propósito de esclarecer los hechos y preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Por su parte, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Janeth Montes López, señaló que los servidores públicos deben estar sujetos a las investigaciones de las autoridades cuando existan denuncias sobre posibles conductas ilícitas.
Asimismo, destacó que será responsabilidad de la Fiscalía reunir y valorar las pruebas para determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.
Álex Domínguez también reiteró la importancia de mantener la autonomía de las instituciones electorales y garantizar que cualquier investigación relacionada con presuntos actos de corrupción se desarrolle conforme a la legislación vigente.
“La democracia mexicana necesita instituciones sólidas, transparentes y sujetas a la ley. Cualquier señalamiento de esta naturaleza debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios ni excepciones”, concluyó el dirigente estatal.
