Un juzgado federal emitió una sentencia a favor de dos familias que fueron desplazadas en 2024 de su comunidad en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la que reconoce la vulneración de sus derechos y ordena a diversas autoridades garantizar condiciones para una vida digna.
La resolución, dictada el 26 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar con sede en Saltillo, y en apoyo al Juzgado Octavo de Distrito en Chihuahua, establece que las instituciones deberán brindar servicios básicos como vivienda, alimentación, salud, educación y protección de bienes, además de asegurar su registro como víctimas y el acceso a atención integral.
El fallo también instruye a dependencias estatales y municipales a reunirse con las familias afectadas para evaluar sus necesidades y dar seguimiento a un plan de atención que contemple medidas efectivas y sostenidas, en un esquema de reparación integral que no se limite a apoyos temporales, sino que garantice condiciones de estabilidad a largo plazo.
