2025-06-25 06:52:52

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la Ley de la Guardia Nacional, al considerar que representa un retroceso democrático y una amenaza para las libertades civiles en México. Los legisladores priistas sostienen que militarizar la seguridad pública no resolverá los problemas de violencia, y en cambio, podría consolidar un Estado represor que persiga a ciudadanos inocentes.

Durante su intervención, el diputado Alejandro Domínguez advirtió que la iniciativa impulsada por el oficialismo busca consolidar el control del país a través del Ejército, desplazando a las instituciones civiles encargadas de la seguridad. Señaló que el Ejército no está preparado para labores de seguridad pública, y que su involucramiento puede derivar en abusos o errores, al no estar diseñado para la prevención del delito.

Para el PRI, la Guardia Nacional debe permanecer como un cuerpo civil, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además, insistieron en que las policías estatales y municipales siguen desatendidas, sin apoyo operativo ni recursos suficientes para fortalecer su profesionalización.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, advirtió que esta ley forma parte de un bloque normativo junto con otras reformas en materia de seguridad y telecomunicaciones, que buscan limitar derechos y consolidar el control del poder federal. A su juicio, esta tendencia amenaza la paz social y la protección de las garantías individuales.

Moreira también señaló que la propuesta contraviene acuerdos internacionales y recomendaciones de organismos de derechos humanos, lo que podría agravar el panorama en materia de libertades y derechos civiles en el país.

Varios legisladores priistas, entre ellos Graciela Ortiz, Emilio Lara y Verónica Martínez, coincidieron en que la construcción de la Guardia Nacional responde a una incapacidad del gobierno para crear una policía civil profesional, y que por ello se recurre a la estructura militar existente. Denunciaron que, en lugar de invertir en cuerpos civiles, se opta por utilizar a las Fuerzas Armadas como solución inmediata.

En este contexto, el PRI exigió que se publique la reforma al artículo 123 constitucional, la cual contempla un salario base de 17 mil 500 pesos para policías estatales y municipales, además de prestaciones, como una vía para mejorar sus condiciones laborales y atraer nuevos elementos.

La bancada tricolor alertó que la militarización de la seguridad forma parte de un proyecto que apunta a un Estado centralista, invasivo y censurador, comparable, dijeron, al régimen de Antonio López de Santa Anna. Señalaron que esta estrategia es ineficaz contra el crimen y debilita la soberanía nacional, al depender en exceso del uso de la fuerza.

Recordaron que desde 2017, en el estado de Querétaro, se definió que la seguridad pública debe ser responsabilidad civil, y que esta visión ha sido compartida por distintos sectores antes de que el actual gobierno asumiera el poder.

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