2023-10-20 14:52:01

Por redacción

En representación de nueve familias, la diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó una demanda o reclamación por Responsabilidad Patrimonial en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía Especializada, la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, así como la Dirección de los CERESOS, ya que estos son considerados responsables de los asesinatos de los empleados caídos en cumplimiento de su deber durante el mortal motín del primer día de 2023.

A petición de los deudos y en estricto sentido de justicia social, la diputada Local representará ante las autoridades correspondientes para exigir indemnización millonaria acorde al daño emocional, familiar y al proyecto de vida de todos y cada uno de los miembros de esas familias.

La legisladora señaló que el nivel de desinterés de la Fiscalía General desde septiembre de 2021 fue patente, ya que una vez hubo cambio de gobierno estatal, en dieciséis meses no hubo un diagnóstico sobre el estado que guardaba el CERESO 3 de Cd. Juárez.

Sin embargo, el CERESO 3 detonó, cobrando la vida de seres humanos inocentes, como los 10 custodios, que en su lugar y horario de trabajo carecían de medidas de seguridad mínimas según lo establecido por las leyes y reglamentos competentes.

Posteriormente, la recomendación de la CNDH con número de expediente 132/2023 del día 31 de julio, además de fincarle al Gobierno del Estado 14 recomendaciones, determinó lo siguiente:

1. La introducción y permanencia de objetos prohibidos en el interior del CERESO No. 3.

2. La insuficiencia de personal de seguridad en el centro de readaptación en mención.

3. Se comprobaron las condiciones de autogobierno y/o cogobierno y la presencia de actividades ilícitas en el CERESO 3.

4. Se comprobó y se confesó una sobrepoblación del 40%, lo que provocó un factor de riesgo que incidió en la adecuada gobernabilidad en el lugar de reclusión.

5. La propia autoridad confesó que el número de personal de seguridad y custodia en los dormitorios era insuficiente.

6. Se comprobó una inadecuada clasificación penitenciaria de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

7. Se comprobó la falta de capacitación del personal de seguridad y custodia, así como la implementación de protocolos de emergencia del CERESO.

8. Por lo anterior, la CNDH determinó la violación de los derechos de seguridad jurídica, legalidad, integridad personal y vida en perjuicio de las víctimas.

En la primera recomendación de la CNDH, se establece que el Gobierno del Estado de Chihuahua debe proceder a la inmediata reparación integral del daño, lo que incluye una compensación de acuerdo a la Ley General de Víctimas.

Más allá de los derechos de indemnización a los que tienen acceso los deudos, la diputada Pérez Reyes aseguró que busca sentar un precedente donde el Gobierno Estatal, sin importar de qué partido emanen, entienda que sus empleados o funcionarios no son simples códigos en sus bases de datos. Deben comprender que son seres humanos cuya integridad está bajo su responsabilidad y, de lo contrario, deberán indemnizar con cantidades millonarias a los deudos.

En las honras fúnebres de los custodios, la Gobernadora C. María Eugenia Campos Galván manifestó su consternación por la pérdida de estos hombres al servicio de su gobierno. Por esta razón, en el exhorto presentado ante el Congreso del Estado, se solicita que las instancias demandadas se allanen a todas y cada una de las prestaciones solicitadas por las viudas que perdieron a sus esposos y compañeros de vida, así como por los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus padres.

En coordinación con su equipo de asesores y abogados de "Lex Iusta", la Diputada Pérez Reyes inicia este proceso con el compromiso de hacer uso de todos los recursos diplomáticos, legales nacionales o internacionales, si es necesario, para que el Gobierno del Estado cumpla con las indemnizaciones solicitadas.