Por redacción 

El fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, hizo entrega al cabildo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, instalados en sesión extraordinaria, de la notificación dónde un juez de control ordena la reincorporación de 9 predios, con un valor comercial estimado en los 3 millones 598 mil 677 pesos, que habían sido enajenados ilegalmente por servidores públicos en asociación con particulares, siendo este el primer acto de reparación del daño para una administración municipal.

Luego de ser aprobado por las y los regidores el orden de día, el titular de la FACH hizo uso de la palabra durante la sesión extraordinaria de cabildo, donde explicó a las y los ediles que esta acción es resultado del trabajo en conjunto de las instituciones y de todos las personas servidoras públicas, así como de los testigos que valientemente decidieron colaborar con la autoridad, al denunciar las irregulares prácticas de ex servidores públicos, mismos que derivaron en la detención de una alcaldesa por primera vez en la historia de Chihuahua .

Los terrenos que fueron devueltos al municipio fueron los siguientes:

1. Predio urbano ubicado en Lote 20 y 21 de la Manzana B, con un valor comercial calculado en $156,614.00.

2. Predio urbano ubicado en Fracción del Lote 1, de la manzana 119, con un costo estimado de $552,546.00.

3. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Gómez Morín, con un valor de $897,304.00.

4. Predio urbano ubicado en Anexo Lote 4, de la Manzana “A”, con un valor de $175,361.52 

5. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle del Eucalipto, con un valor de $171,549.00.

6. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle Privada de Manuel Dublán, con un valor de $244,878.00.

7. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Rosa Elvia Montiel Valdez), con un valor de $425,742.32.

8. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Mayra Selene Cardona Zapata), con un valor de $294,164.48.

9. Predio tipo terreno urbano localizado en Lotes 1-A, 1-B, 1-C y 1-D (Carlos Medida Medina), con un valor de $680,517.78.

Valenzuela Holguín expuso a los regidores, la síndico y alcaldesa presentes que, con la recuperación de activos se pretende comenzar a inhibir las prácticas corruptas de servidores públicos, pero además el salvaguardar los derechos victímales que se contemplan en la constitución, siendo muy clara la norma al establecer que será el Ministerio Público quien estará obligado a solicitar la reparación del daño y a su vez nuestra norma adjetiva penal la cual establece como derecho de la víctima la reparación del daño por elemental justicia. 

Finalmente destacó que el llevar ante la justicia a los servidores públicos, con una investigación rigurosa, científica, técnica y profesional, requirió de una serie de elementos, que inició con la firme decisión de la denuncia.