Por Luis Villegas Montes
La caída de Nicolás Maduro tiene muchas, demasiadas, lecturas que van de lo jurídico a lo político, pasando por lo diplomático o económico. Cada una de éstas podría resultar “plausible” si en ello se insiste, pero amenaza con que el lector pierda el enfoque; he aquí un resumen:
Desde el derecho (lo otro lo vamos a ver lueguito), lo ocurrido se puede explicar en dos vertientes: primero, como un asunto de índole internacional; y segundo, como una persecución penal.
Desde el primer punto de vista, el episodio revela el fracaso absoluto del multilateralismo; años de mediaciones, diálogos y comunicados tirados a la basura porque no produjeron transición ni contención; es decir, en este punto, la diplomacia sirvió para ganar tiempo (a alguien le sirvió), no para resolver el problema de fondo; o, lo que es lo mismo: este desenlace confirma que la vía diplomática ya estaba agotada antes de que se admitiera públicamente.
Ese primer análisis, el del derecho internacional, abre otras dos vías:
La primera, que México debería tomar nota. México es hoy, un país gobernado por una cáfila de corruptos incapaces —y renuentes— a asumir su responsabilidad directa en el florecimiento del crimen organizado. Todos los días asistimos al espectáculo lamentable de una persona titular del Ejecutivo federal (nótese mi corrección política —¡ajúa!—) que niega, simula, evade o reniega de la realidad.
Una realidad tozuda que no se deja maquillar con conferencias, ni mañaneras, ni consignas: México es, en los hechos, un Estado fallido que ha normalizado la violencia, legitimado a los criminales, fomentado la corrupción y desarmado al Estado: cientos de miles de ejecutados, decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de muertos por errores imperdonables en materia de salud pública —manejo perverso de la pandemia, desabasto de medicamentos, colapso hospitalario—, cientos de miles de ciudadanos extorsionados a diario, decenas de miles de desplazados (los más pobres), cientos de miles de millones de pesos robados descaradamente al Erario —SEGALMEX, DICONSA/LICONSA, huachicol fiscal, contrabando de combustible por aduanas (Tamaulipas, Veracruz, Baja California), “regalos” periódicos de petróleo a Cuba—, etc.; que implica pérdidas que podrían alcanzar los 3 o 3.5 billones de pesos; es decir, el equivalente a más de la mitad del presupuesto federal anual.
En materia de combate al narcotráfico por parte de las autoridades mexicanas, la posición del presidente Donald Trump ha sido muy clara; hace menos de un año, el gobierno norteamericano fue categórico: México no enfrenta al crimen organizado: convive con él. En ese entonces, la Casa Blanca acusó una alianza intolerable entre el Estado mexicano y los cárteles, con refugios seguros, impunidad y cooperación de facto; se trata de una acusación frontal que coloca a nuestro gobierno del lado del delito y no de la ley
A menos de un año, repito, de esas declaraciones; su vigencia cobra sentido porque hace apenas unas horas, el mismo gobierno lanzó una advertencia a cualquiera que amenace a los Estados Unidos en la región; en ese sentido, por ejemplo, el presidente Trump dijo que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tendría que “cuidarse el trasero” tras la captura de Nicolás Maduro, porque el colombiano tiene “laboratorios de cocaína” que luego envía a EU.
Sería ingenuo pensar que eso va a ocurrir en breve; y que al principal responsable en México del estado de cosas que estamos padeciendo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo vamos a ver, pronto, esposado con rumbo a los Estados Unidos en un buque de guerra, no creo que ocurra en los siguientes doce meses; sin embargo, lo que no se puede negar es que a la persona titular del Ejecutivo federal en México se le tienen que empezar a terminar las excusas: o actúa o actúa; y actuar en serio es ir por las cabezas dentro del gobierno que han sido señaladas de tener vínculos con los cárteles; en primerísimo lugar, AMLO y la chusma de truhanes que lo acompaña: Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez, Alejandro Encinas, Manuel Bartlett, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Cuitláhuac García Jiménez, Layda Sansores, Alfonso Durazo Montaño, Cuauhtémoc Blanco, Rutilio Escandón, Ricardo Monreal, Félix Salgado Macedonio, Pedro Haces Barba, Mario Delgado Carrillo, Ignacio Mier Velazco, Napoleón Gómez Urrutia o Ignacio Ovalle Fernández… para empezar.
En segundo lugar, hay, ¡cómo no!, un montón de imbéciles —por lo general esos gaznápiros que pasados los cuarenta continúan siendo “de izquierda” (y defendiendo regímenes como el cubano)— que se rasgan las vestiduras destacando la violación al derecho internacional; a ver, ¿hubo violación al derecho internacional?, sí, la hubo y nadie lo puede negar.
Como tampoco nadie en sus cabales puede negar que hubo sistemática violación a los derechos elementales de los ciudadanos venezolanos: violaciones a la vida, a la integridad y libertad personales, a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, al derecho de acceso a la justicia, a los derechos políticos (de participación, de sufragio, de asociación, etc.), a los derechos económicos, sociales y culturales (aquellos que sirven para darle contenido material a la dignidad como son: salud, educación, trabajo, vivienda, etc.), a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión; etc.
Esos estúpidos son los mismos que llevan años justificando tiranías desde el sillón, repitiendo consignas decrépitas y defendiendo regímenes que sólo sobreviven a fuerza de cárceles, hambre y miedo; fingir escándalo jurídico mientras se guarda silencio ante la metódica devastación de un pueblo es una forma especialmente repugnante de hipocresía. No es amor al derecho: es fetichismo normativo al servicio de la barbarie. Porque mientras esos guardianes de la pureza legal se indignan por la forma, Venezuela y los venezolanos fueron triturados en el fondo; se violaron en su perjuicio todos sus derechos de manera regular, ordenada y prolongada.
Defender reglas abstractas mientras se tolera la aniquilación concreta de derechos elementales no es progresismo ni legalismo: es complicidad intelectual; y la historia suele ser implacable con quienes confunden principios con pretextos.
