En una rueda de prensa realizada el 11 de noviembre, Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua, desmintió la supuesta atracción del caso contra el exgobernador Javier Corral Jurado, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y Juan Pablo N., acusados de peculado agravado por el desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal.
Valenzuela explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene facultades para asumir el caso, dado que el daño patrimonial afecta exclusivamente a Chihuahua. Según el fiscal, los fondos desviados, aunque provienen de participaciones federales, se consideran estatales una vez transferidos, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y jurisprudencia de la Suprema Corte.
El 20 de octubre, la Fiscalía estatal fue notificada sobre un requerimiento del juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez, quien asumió el caso tras una solicitud de la FGR. Valenzuela calificó esta acción de “furtiva”, argumentando que ni la Fiscalía ni la Secretaría de Hacienda estatal fueron informadas, lo que vulnera la garantía de audiencia.
Ante esto, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua solicitó la anulación de la resolución que trasladaba el caso al ámbito federal y promovió un juicio de amparo por violaciones a derechos constitucionales. Asimismo, se presentó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado 17º del Circuito para reafirmar la jurisdicción estatal.
El fiscal destacó que la FGR no presentó el acuerdo de atracción requerido por ley ni cuenta con legitimación procesal para intervenir, violando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, recordó que la orden de aprehensión contra Corral se emitió antes de que obtuviera fuero como senador.
