sábado, octubre 3, 2026
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Detecta Causa en Común rezagos en Policía, Fiscalía y penales de Chihuahua

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Causa en Común detectó rezagos en la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y el sistema penitenciario de Chihuahua, entre ellos baja capacitación práctica de los agentes, omisiones en los mecanismos internos de control de la Fiscalía y falta de una carrera consolidada para el personal de custodia.

Los resultados forman parte del Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia 2025, presentado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El estudio fue elaborado mediante solicitudes de información dirigidas a las instituciones estatales y analiza datos correspondientes a 2024.

Uno de los datos destacados por la organización fue que solo 8 por ciento de los policías estatales acudió durante 2024 a prácticas de tiro de precisión y reacción.

Además, no se realizaron concursos para promoción de grados y la institución carecía de un programa de actualización para policías en activo.

Causa en Común señaló también que el 88 por ciento del personal operativo contaba con controles de confianza aprobados y vigentes. Las mujeres representaban 35 por ciento del total de elementos, pero solamente ocupaban 13 por ciento de los puestos de mando.

En la evaluación global, la Policía Estatal obtuvo -46 puntos, con 95 por ciento de la información requerida proporcionada. La metodología utiliza una escala de -100 a 0, en la que una cifra más cercana a cero representa un mayor grado de cumplimiento respecto de las obligaciones evaluadas.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, el estudio reconoció que durante 2024 fueron reportados 315 cursos de capacitación y se realizaron convocatorias de promoción para ministerios públicos y policías de investigación.

Sin embargo, no hubo convocatorias para personal pericial y la institución omitió la totalidad de la información solicitada sobre los mecanismos internos para investigar y sancionar conductas indebidas de su personal, uno de los principales señalamientos realizados durante la presentación.

La Fiscalía alcanzó una calificación global de -60 puntos, con 63 por ciento de la información solicitada proporcionada.

El propio informe identifica al régimen disciplinario como uno de los apartados con mayores áreas de oportunidad, además de advertir pendientes relacionados con profesionalización, certificación y autonomía institucional.

El sistema penitenciario presentó la calificación más alejada del cumplimiento pleno entre las tres instituciones evaluadas, con -68 puntos y 82 por ciento de la información proporcionada.

Causa en Común señaló que Chihuahua no contaba con un sistema de carrera consolidado para custodios, no efectuó promociones durante 2024 y tampoco reportó un programa de formación ni protocolos orientados a garantizar un internamiento digno y seguro.

Aunque las mujeres representaban 31 por ciento del personal de custodia, ninguna ocupaba funciones de mando, de acuerdo con el organismo.

El informe también identifica pendientes en perspectiva de género, uso de la fuerza, profesionalización e infraestructura penitenciaria.

Durante la presentación participaron los investigadores Nancy Canjura y Fernando Escobar, de Causa en Común, y Claudia Romero, de Impunidad Cero.

Como comentaristas estuvieron Alejandro Vázquez, coordinador de la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la UACJ, así como los profesores Deirdre Bazán y Carlos Iván Álvarez.

Entre los planteamientos realizados durante el encuentro se señaló el abandono institucional de las policías frente al fortalecimiento de la militarización, así como la concentración de omisiones de la Fiscalía en su régimen disciplinario y autonomía.

Causa en Común recomendó fortalecer los servicios profesionales de carrera, garantizar capacitación permanente, realizar concursos de promoción, ampliar la perspectiva de género y mejorar los mecanismos de control interno y rendición de cuentas.

También planteó la necesidad de que las instituciones proporcionen información pública suficiente para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones.