Por Alex Domínguez
En una democracia nadie debe estar por encima de la ley. Ni quien gobierna, ni quien milita en la oposición, ni quien tiene poder económico o político. Cuando existen elementos para investigar la posible comisión de un delito, la autoridad tiene la obligación de hacerlo.
Pero existe una enorme diferencia entre aplicar la ley y utilizarla para ajustar cuentas políticas.Una Fiscalía no puede convertirse en el brazo persecutor del Gobierno ni en una herramienta para intimidar, desacreditar o neutralizar adversarios. Porque cuando las instituciones encargadas de procurar justicia pierden imparcialidad, lo que está en riesgo no es solamente el destino de una persona o de un partido: está en riesgo el Estado de derecho.
La justicia selectiva deja de ser justicia.
Resulta preocupante cuando frente a unos casos existe rapidez, filtraciones, declaraciones, despliegue mediático y toda la fuerza del aparato público, mientras que otros expedientes parecen dormir durante años cuando involucran a personajes cercanos al poder.Ese doble rasero destruye la confianza ciudadana.
México necesita fiscalías fuertes, profesionales y verdaderamente autónomas. Fiscalías que investiguen delitos, no opiniones; que persigan delincuentes, no adversarios; que integren expedientes con pruebas, no con consignas políticas. Y hay que decirlo con absoluta claridad: señalar el riesgo de una persecución política no significa defender la impunidad.
Si alguien cometió un delito, que se investigue. Si existen pruebas, que se presenten ante un juez. Si hay responsabilidades, que se sancionen conforme a derecho. Pero exactamente la misma vara debe utilizarse para todos, sin importar partido, amistad, cargo o cercanía con el Gobierno. Ahí está la diferencia entre justicia y venganza.
El poder público tiene límites precisamente porque la democracia fue diseñada para impedir que quien gana una elección pueda utilizar las instituciones del Estado contra quienes piensan diferente. Hoy puede ser un dirigente político. Mañana un periodista incómodo, un empresario crítico, un activista, un académico o cualquier ciudadano que cuestione al Gobierno.
Por eso defender la autonomía de las fiscalías no es defender políticos. Es defender ciudadanos. México no necesita fiscales obedientes al poder; necesita instituciones obedientes a la Constitución.
La democracia se fortalece cuando un Gobierno acepta la crítica, respeta a sus opositores y permite que las instituciones actúen con independencia. Se debilita cuando utiliza el aparato del Estado para mandar mensajes de miedo.
Porque ningún Gobierno debe decidir quién merece justicia y quién merece persecución. La ley debe ser firme, pero también imparcial.Y frente a cualquier intento de convertir la justicia en instrumento político debemos recordar algo elemental: los gobiernos pasan, los partidos cambian y los cargos terminan.
Las instituciones permanecen. Por eso debemos cuidarlas. En Chihuahua y en México debemos construir una democracia donde nadie esté por encima de la ley, pero tampoco nadie quede debajo de ella por pensar distinto.
Justicia sí. Impunidad nunca. Pero persecución política, tampoco.
