El diputado federal y dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, advirtió que los ajustes anunciados a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían afectar las expectativas de pensión de algunos trabajadores, por lo que solicitó a las autoridades aclarar el alcance de las disposiciones y garantizar el respeto a sus derechos.
El legislador expresó su preocupación por la falta de claridad sobre las medidas y pidió al IMSS y a la Secretaría de Hacienda transparentar sus posibles consecuencias económicas y jurídicas, particularmente para quienes se encuentran próximos a jubilarse.
Domínguez señaló que cualquier modificación al sistema de pensiones debe apegarse a la Ley del Seguro Social y proporcionar información suficiente para que los trabajadores conozcan las condiciones bajo las cuales podrán acceder a su retiro.
Explicó que la Modalidad 40 permite a las personas que dejaron de cotizar mediante un patrón continuar realizando aportaciones voluntarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos, con la posibilidad de mejorar las condiciones de su futura pensión.
Sin embargo, sostuvo que los ajustes atribuidos por el PRI al Gobierno Federal contemplan restricciones adicionales para determinar el salario base de cotización, situación que, a su juicio, podría modificar las expectativas de retiro de quienes utilizan este mecanismo.
“Los trabajadores mexicanos merecen certeza jurídica y reglas claras para su jubilación. No se pueden modificar las condiciones de retiro mediante decisiones administrativas sin explicar previamente sus consecuencias. Estamos hablando del patrimonio y del futuro de miles de familias que durante años han trabajado y aportado al Seguro Social”, expresó Alex Domínguez.
El dirigente priista recordó que los artículos 218 y 219 de la Ley del Seguro Social establecen las condiciones para acceder a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, por lo que consideró necesario determinar si las nuevas limitaciones administrativas son compatibles con la legislación vigente.
También pidió analizar por separado las posibles consecuencias para quienes pueden pensionarse bajo la Ley de 1973 y para los trabajadores sujetos al régimen de cuentas individuales de 1997, debido a las diferencias entre ambos sistemas de cálculo de pensiones.
Domínguez reconoció que las autoridades tienen la obligación de investigar posibles irregularidades o fraudes relacionados con el sistema de pensiones, aunque insistió en que estas acciones deben basarse en auditorías y pruebas concretas, sin afectar a quienes realizan sus aportaciones conforme a la ley.
“Una cosa es combatir los fraudes y otra muy distinta es limitar los derechos de quienes han cumplido con la ley. Si existen irregularidades, deben investigarse y sancionarse, pero no se puede colocar bajo sospecha a todos los trabajadores que buscan mejorar su pensión mediante mecanismos legalmente establecidos”, puntualizó.
Finalmente, el diputado federal planteó que el Congreso de la Unión revise el alcance de las disposiciones señaladas y sostuvo que cualquier modificación que implique restricciones a derechos reconocidos en la legislación debe discutirse mediante los procedimientos legislativos correspondientes.
