Una resolución definitiva de un juzgado federal apuntaló el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa que obliga al municipio de Hidalgo del Parral a revertir la venta de 12,380.15 metros cuadrados de terrenos públicos, ubicados en la colonia Las Fuentes segunda etapa. La venta, realizada en 2019 por la administración del entonces alcalde Alfredo Lozoya Santillán, fue calificada como ilegal, al no contar con la validación del Congreso del Estado, paso obligatorio para desincorporar bienes del dominio municipal.
El caso tiene su origen en el 28 de noviembre de 2019, cuando el Cabildo —con mayoría de regidores de Movimiento Ciudadano— aprobó la desincorporación de las áreas verdes que legalmente debía destinarse a espacios de uso común para la colonia. A pesar de contar con el acuerdo municipal, nunca se solicitó la autorización al Congreso, por lo que la venta carece de validez jurídica.
Los terrenos fueron repartidos entre casi 20 vecinos en diferentes porciones, varios de ellos pertenecen a familiares del exalcalde y actual diputado federal plurinominal Alfredo Lozoya Santillán, Los precios de comercialización oscilaron entre $1,900 y $2,300 por metro cuadrado, valores muy por debajo del mercado para esa zona.
Ante la irregularidad del procedimiento y el abuso que se cometía contra los demás vecinos del sector, el 18 de agosto de 2021 se presentó una inconformidad formal ante la oficialía de partes del ayuntamiento la que nunca fue respondida, incurriendo así en una negativa ficta. Esto abrió la puerta para que el caso fuera admitido por el Tribunal de Justicia Administrativa ese mismo mes.
El proceso avanzó con rapidez:
El 3 de septiembre de 2021 el juzgado dictó una medida cautelar para detener cualquier enajenación.
El 13 de septiembre se concedió la suspensión definitiva.
El 6 de junio de 2023, el tribunal resolvió de manera definitiva, ordenando la restitución de los terrenos al municipio y anulando la venta.
A pesar de esta resolución, la administración del también emecista César Peña Valles intentó frenar la sentencia promoviendo un amparo, el cual fue desechado el 14 de marzo de 2024, con el argumento de que el municipio no puede ser sujeto de violaciones a derechos humanos, y por tanto no tiene acceso a ese recurso legal en este caso.
El 2 de mayo de 2024, el juez ordenó el cumplimiento inmediato de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha, los terrenos no han sido restituidos al patrimonio municipal, aunque el actual gobierno encabezado por Salvador Calderón Aguirre ya notificó al tribunal que la sentencia está en proceso de ejecución.
Este caso no solo exhibe las irregularidades cometidas durante la administración pasada, sino también el uso de estructuras gubernamentales para beneficiar a allegados, y la resistencia institucional a cumplir fallos judiciales que afectan intereses políticos.
Se espera que la ejecución de la sentencia se concrete antes de finalizar el 2025, marcando un precedente sobre la legalidad de las desincorporaciones de bienes públicos y la vigilancia ciudadana frente a abusos del poder.
