Aunque tiene dos iniciativas presidenciales sin tocar desde el 23 de junio, el Senado decidió meter turbopara aprobar la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión legislar en contra de la extorsión, pues las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueron citadas este miércoles para avalar en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados.
La reforma incluye en su régimen transitorio que “el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia a la que se refiere este Decreto, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.
De acuerdo con información del morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento de 58% en tan sólo seis años.
“Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión. Del mismo, la extorsión presencial es la del cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña está siempre presionada por el delito de cobro de piso.
Consideró que “enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional, entre otros bienes jurídicos”.
El pasado 6 de julio el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye una mayor y mejor coordinación interinstitucional entre las dependencias vinculadas a la atención de este delito, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, a fin de facilitar el intercambio de información con las autoridades locales que también harán lo propio en la esfera de su competencia.
Además de esta reforma constitucional, que permitirá una ley general contra su combate, se tendrá una homologación de las penas en todas las entidades federativas, que permita unificar criterios de justa punibilidad y que nos ayude a combatir realmente este delito.
