El diputado federal Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, advirtió sobre la expansión alarmante del delito de extorsión en México y exigió que la Ley General en la materia, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, se convierta en una herramienta real y operativa, no en un mero ejercicio simbólico.
Durante el debate de la reforma constitucional que dará origen a esta legislación, señaló que la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un fenómeno estructural que afecta a millones de familias, destruye pequeñas empresas, corrompe instituciones y mina la seguridad en municipios del país. “La extorsión es hoy un cáncer que corroe a la sociedad, y no se resolverá con discursos: necesitamos una Ley General con dientes, con presupuesto y con visión de Estado”, expresó.
El legislador priista subrayó que el 97% de los casos no se denuncian y que miles de comercios cierran cada año por el llamado “derecho de piso”. En este sentido, afirmó que la futura Ley General debe incluir al menos cinco pilares: protocolos nacionales de investigación coordinada, un Registro Nacional de Extorsión, unidades especializadas con recursos, protección inmediata a víctimas y mecanismos de rendición de cuentas para sancionar a autoridades omisas.
Asimismo, destacó la importancia de que la ley contemple el impacto económico y territorial de este delito, incluyendo a los municipios en las estrategias. “No puede haber estados de primera y de segunda en la protección de los derechos de las y los mexicanos”, puntualizó.
Domínguez concluyó que esta reforma debe ser el punto de partida para una auténtica política de Estado contra la extorsión, con instituciones sólidas, confiables y capaces de garantizar justicia a las víctimas y sancionar a los responsables.
