La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la presunta red de corrupción en la contratación de materiales electorales, que involucra operaciones por más de 2,740 millones de pesos, tiene vínculos con integrantes del partido “Somos”, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo y en el que participa el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que el esquema de contrataciones irregulares comenzó años antes de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y se fortaleció durante la gestión de Córdova, entre 2014 y 2023.
La investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identifica a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como beneficiarios de contratos millonarios adjudicados por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Según la funcionaria, entre 2015 y 2023, empresas vinculadas con ambos empresarios recibieron contratos por 2,094 millones de pesos de 23 organismos electorales estatales. A esa cantidad se sumaron otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contrataciones realizadas entre 2024 y 2025.
Raquel Buenrostro explicó que las compañías investigadas presuntamente simulaban competir entre sí para obtener adjudicaciones, recurrían a prestanombres y, en algunos casos, carecían de infraestructura, personal y capacidad operativa para cumplir los contratos.
También señaló posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras, irregularidades que forman parte de las investigaciones gubernamentales.
La presidenta Sheinbaum relacionó los antecedentes de esa red empresarial con Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de administraciones priistas y actual integrante de “Somos”, quien fue superior jerárquico de los hermanos Hernández Casillas cuando trabajaban en dependencias federales.
De acuerdo con los antecedentes presentados, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Padilla Aguilar en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación durante la década de los 80.
Posteriormente, ambos hermanos ocuparon cargos en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de abandonar el servicio público e incursionar en negocios relacionados con la fabricación y comercialización de materiales electorales.
La investigación gubernamental establece que una de las empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas, Cartonera Plástica, participaba desde 1999 como proveedora electoral en el Estado de México.
En 2005, esa compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral mexiquense, adjudicación que derivó en denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, así como en la renuncia de siete consejeros electorales.
Sheinbaum destacó que Padilla Aguilar se incorporó posteriormente al Frente Cívico Nacional, organización impulsada, entre otros, por Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, y considerada antecedente del partido “Somos”.
En esa organización política también participan exfuncionarios del INE, como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, quienes desempeñan distintas responsabilidades dentro de su estructura.
La mandataria cuestionó que Córdova pretenda deslindarse de las contrataciones efectuadas por los organismos electorales estatales, al recordar que, tras la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a sus integrantes.
“Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”, expresó.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben abarcar las administraciones anteriores del INE y no concentrarse únicamente en la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo en medio de acusaciones de corrupción.
“No nació ahí”, sostuvo la presidenta, al señalar que cualquier funcionario involucrado en actos ilegales debe responder ante las autoridades competentes, independientemente del periodo en que haya desempeñado sus funciones.
Finalmente, precisó que corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continuará investigando las operaciones de las empresas señaladas.
Con información de Reforma, El Universal y Excélsior.
