jueves, noviembre 5, 2026
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Sheinbaum publica Ley de Economía Digital

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La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto con el que se expide la “Ley de Economía Digital”, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con 15 días para definir los sectores cero efectivo.

Mediante una publicación en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalló que la nueva Ley busca:

Acelerar la bancarización
Reducir el volumen de dinero físico en circulación
Impulsar el uso de medios de pago electrónicos
“Las autoridades que sean competentes conforme a la normatividad aplicable de cada sector estratégico o actividad relevante, emitirán las disposiciones administrativas de carácter general”, se lee en el documento.
“De acuerdo con la presente Ley, para establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y de operación para la recepción de los Medios de Pago Digitales y Electrónicos en dichos sectores o actividades, como única forma de pago”, precisó.
Además, se estipula que el artículo 14 de la normativa ordena a las autoridades de cada sector emitir disposiciones que fijen condiciones y requisitos, por lo que permite establecer plazos para una transición gradual del efectivo a medios de pago digitales.

Facultades de Banxico
En el marco del decreto, se indicó que el Banco de México (Banxico) podrá:

Regular los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista.
Impulsar programas para facilitar transferencias.
Homologar la experiencia de uso de las apps financieras.
Además, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), podrá emitir reglas para que quienes prestan el servicio de terminales punto de venta acepten pagos por código QR conforme a las especificaciones técnicas de Banxico.

Las entidades financieras como bancos, Sofipos, Sofomes, cooperativas, uniones de crédito, ITF y quienes otorguen crédito de forma habitual deberán promover la inclusión financiera y facilitar el crédito por medios digitales.

“Para tal efecto, las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones de carácter general necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, que eliminen las barreras a la inclusión financiera para el otorgamiento de créditos y financiamientos”, se apuntó en el DOF.
¿Qué busca la ley?
El principal objetivo de esta nueva Ley es cerrar la brecha entre la infraestructura tecnológica disponible y su utilización.

México ya cuenta con sistemas como SPEI, así como herramientas como CoDi y DiMo, pero una parte importante de las operaciones cotidianas todavía se realiza en efectivo.

La iniciativa plantea que el siguiente paso no sea solamente desarrollar tecnología, sino obligar a que exista infraestructura para aceptar pagos digitales y facilitar que las personas puedan utilizarlos.

Además, busca favorecer la inclusión financiera, facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas, así como generar un historial de operaciones que pueda ayudar a ampliar el acceso al crédito formal, además de ayudar a la fiscalización.

¿Qué cambiará para los negocios?
La normativa establece que los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir medios de pago electrónicos y digitales, además de informar a sus clientes cuáles tienen disponibles.

Esto significa que el cambio no recaería únicamente en bancos o instituciones financieras. También alcanzaría a comercios, prestadores de servicios y otros negocios que cobren directamente a los consumidores.

La legislación contempla que, ante una contingencia que impida utilizar los medios digitales, se pueda recurrir al efectivo o al cheque.

Es decir, el efectivo no desaparecerá de manera general, ni de un día para otro, pero sí se abre la posibilidad de limitar su utilización en actividades determinadas.

“Cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de Medios de Pago Digitales y Electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque, las Contingencias en sectores estratégicos o actividades relevantes no podrán justificar de manera permanente o recurrente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley”, finaliza.

Milenio