La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este sábado una orden de aprehensión contra el exfiscal general del Estado de Chihuahua, César J. M., por su probable responsabilidad en hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria, relacionados con la participación de ciudadanos extranjeros en un operativo realizado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la captura fue autorizada por un juez federal, luego de una investigación que incluyó más de cien diligencias de gabinete y campo para esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló la intervención.
De acuerdo con la funcionaria federal, César J. habría ordenado y coordinado un operativo irregular en el que se permitió la participación de personas extranjeras sin autorización, en actividades que corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
Godoy sostuvo que estas acciones representarían una vulneración a la soberanía nacional, al pacto federal y a la división de poderes, debido a que las entidades federativas no pueden asumir atribuciones reservadas a la Federación ni transferir facultades públicas a autoridades extranjeras.
La titular de la FGR explicó que las investigaciones se concentraron en tres aspectos: la intervención de extranjeros en el operativo, la presunta actuación de autoridades estatales fuera de sus atribuciones y el posible ocultamiento de información a las instituciones federales.
Respecto al primer punto, recordó que durante el regreso de la sierra, tras el operativo realizado en El Pinal, ocurrió un accidente vehicular en el que murieron dos servidores públicos de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses.
Según Godoy, las investigaciones establecieron que la participación de estas personas extranjeras carecía de justificación y que tampoco existían fundamentos para que la cadena de mando estatal permitiera su intervención.
Además, señaló que ambos extranjeros habían ingresado en distintas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, sin que existiera una causa justificada para ello.
En cuanto a las atribuciones de las autoridades estatales, la fiscal general aseguró que el operativo fue realizado por la Fiscalía de Chihuahua y su corporación investigadora sin contar con las facultades legales correspondientes y sin haber iniciado previamente una carpeta de investigación.
Indicó que, pese a estas circunstancias, el propio exfiscal había declarado públicamente que la intervención fue resultado de varios meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.
Otro de los señalamientos centrales de la investigación federal es el presunto ocultamiento de información.
Ernestina Godoy afirmó que el exfiscal tenía la obligación de informar a las autoridades federales sobre las acciones relacionadas con delitos de competencia federal, pero presuntamente omitió hacerlo y, en cambio, proporcionó información a personas extranjeras.
Añadió que las fuerzas federales fueron notificadas únicamente después del operativo, por lo que asumieron la investigación para esclarecer los acontecimientos y determinar posibles responsabilidades.
La fiscal general también confirmó que, durante la mañana de este sábado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra el exfuncionario por delitos del fuero común, dentro de una investigación distinta a la federal.
Godoy destacó que ambas instituciones han mantenido comunicación y coordinación desde el inicio de las investigaciones.
Asimismo, precisó que el laboratorio clandestino localizado durante el operativo fue posteriormente asegurado y desmantelado por la Fiscalía General de la República.
Finalmente, aseguró que la institución continuará las investigaciones con respeto al debido proceso y a los derechos humanos, además de informar sobre los avances conforme lo permita la legislación.
“Donde haya impunidad habrá investigación. Y donde haya crimen, habrá consecuencias”, concluyó la fiscal general de la República.
Las imputaciones contra César J. M. deberán ser examinadas por las autoridades judiciales correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia, hasta que se determine su situación jurídica.
