Ciudad de México. La nueva propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, recibida esta tarde en el Senado, contempla la posibilidad de que tanto ella como los siguientes titulares del poder ejecutivo federal puedan promover el proceso de revocación de mandato y el voto a su favor.
El cambio propuesto al artículo 35 Constitucional adiciona un párrafo en el que se establece que “la persona sujeta revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia”.
Es un cambio de fondo, ya que la actual legislación en la materia precisa que sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) puede promover el proceso de revocación de fondo.
En cambio, se prohíbe el uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda para la promoción y difusión relacionada con los procesos de revocación de mandato.
La propuesta presidencial modifica cuatro artículos de la Constitución y en una serie de transitorios fija los tiempos en que operarán las nuevas disposiciones para disminuir el presupuesto del Senado y de los congresos locales, que entrarán en vigor a partir del próximo ejercicio fiscal, es decir en el 2027.
En el caso del Senado, la reducción de 15 por ciento será progresiva, en los próximos cuatro años y tal ajuste “no podrá afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras “ de esa cámara, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables.
Asimismo, se circunscribe a “los sesenta días anteriores a la jornada de revocación de mandato” en que “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Ahora se señala que “durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada” es que se suspende la propaganda gubernamental.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, turnó ya la iniciativa presidencial a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
En el artículo segundo transitorio se fija el próximo 30 de mayo como plazo al Senado y las legislaturas de los estados, para “armonizar su marco jurídico” a fin de adecuarlo a las nuevas normas que se fijan en la reforma constitucional.
