Integrantes pimas de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido La Junta, en el municipio de Madera, acudieron a la ciudad de Chihuahua para denunciar la presunta invasión de mil 170 hectáreas de su territorio y exigir que se cumpla de manera efectiva la restitución ordenada por autoridades agrarias.
De acuerdo con los ejidatarios, en 2023 se promovió un juicio de restitución de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario en contra de Benjamín Banda Celis, a quien señalan de ocupar ilegalmente dicha superficie. Explicaron que las tierras habían pertenecido anteriormente a particulares, pero fueron entregadas al ejido mediante un decreto presidencial en 1975, tras una ampliación del núcleo agrario.
Los integrantes de la comunidad señalaron que la invasión comenzó en 2016 y que desde 2019 han recibido amenazas. Añadieron que en 2024 se iniciaron demandas contra integrantes del comisariado ejidal y acusaron al juez de Guerrero, Víctor Manuel Flores Reyes, de realizar acciones que consideran arbitrarias contra la comunidad.
Indicaron que el juicio agrario se resolvió a favor del ejido y que el magistrado del tribunal ordenó la ejecución y restitución de las tierras, procedimiento que se llevó a cabo el 21 de enero de 2026 con la presencia de un actuario del tribunal y un perito topográfico. Sin embargo, aseguraron que la restitución no se concretó físicamente, ya que al presunto invasor se le otorgaron 10 días para desocupar el terreno, situación que, según los denunciantes, no se ha cumplido.
La comunidad, integrada por 78 ejidatarios pimas, afirmó además contar con un amparo con suspensión (expediente 369/26) para que cesen los actos de molestia en su contra, así como con la orden de restitución emitida en el expediente 544/2023 por el tribunal agrario.
Ante esta situación, los ejidatarios demandaron la restitución efectiva de las tierras, el cese de las presuntas arbitrariedades del particular señalado y que el juez de control deje de otorgarle la posesión del territorio en disputa.
