Productores del Frente Nacional para el Rescate al Campo, representantes de ANTAC y Campesinos Unidos de Sinaloa sostuvieron una reunión con senadoras y senadores del PAN y del PRI, luego de que legisladores de Morena no acudieron a la convocatoria. El encuentro surgió tras la visita de campesinos al Senado para dialogar con la Secretaría del Bienestar, quien tenía una comparecencia programada pero no los atendió.
El senador Mario Vázquez señaló que las organizaciones exigieron abrir un diálogo real y asumir responsabilidad política frente a la crisis que atraviesan el sector agrícola y el transportista. Entre sus demandas urgentes destacaron la necesidad de apoyo a la comercialización de maíz y frijol, así como acciones ante la inseguridad carretera, donde se han registrado más de cien incidentes, incluidos asaltos y desapariciones.
Los productores también reiteraron su rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, al considerar que elimina las transmisiones de derechos entre particulares, centraliza decisiones en una sola autoridad y criminaliza prácticas tradicionales como los presones usados en el norte del país. Advirtieron que, aunque reconocen el derecho humano al agua, este no debe confrontarse con el derecho a producir alimentos.
Vázquez indicó que las organizaciones buscan espacios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para exponer las causas de las movilizaciones recientes. Entre sus preocupaciones, añadieron el deterioro de la infraestructura carretera y la falta de interlocución con autoridades federales, situación que —dijeron— no ocurría en años previos y ha incrementado el malestar en el sector.
Legisladores del PAN y algunos del PRI aseguraron mantener apertura al diálogo para mejorar las propuestas de ley, aunque reconocieron que el grupo parlamentario mayoritario no ha aceptado los acercamientos. Se comprometieron a llevar las inquietudes al pleno y a impulsar acciones que atiendan la crisis en el campo y el transporte.
Al cierre del encuentro, Vázquez enfatizó que los productores reiteraron su rechazo a la reforma de la Ley de Aguas, pues consideran que centraliza decisiones, elimina certeza jurídica y penaliza actividades agrícolas. Añadieron que buscan ser tratados como socios en la negociación con la industria, recordando que ellos proveen la materia prima que sostiene al país.
