Integrantes de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara exigieron a los tres niveles de gobierno cumplir con las sentencias emitidas por diversos tribunales federales que reconocen violaciones a sus derechos humanos y colectivos.
Las comunidades de Huitosachi y Bacajípare, en el municipio de Urique, cuentan con resoluciones derivadas de afectaciones por el proyecto turístico Barrancas del Cobre, las cuales ordenan al Estado abastecer de agua potable, detener descargas de aguas negras, realizar estudios ambientales y desarrollar un plan de manejo de residuos.
En Bocoyna, la comunidad Bosques de San Elías Repechique denunció que no ha podido disponer de los recursos del fideicomiso creado por orden judicial debido a restricciones impuestas por el gobierno estatal. Además, una sentencia reciente ordena cancelar permisos forestales y reconocer su territorio ancestral.
Por su parte, las comunidades de Monterde y El Manzano, de los municipios de Guazapares y Uruachi, fueron desplazadas por la violencia en 2014 y 2015. Los tribunales ordenaron al Estado brindarles atención psicológica, ayuda humanitaria, educación, salud, empleo y terrenos como compensación.
Acompañadas por la organización Consultoría Técnica Comunitaria, las comunidades reiteraron su llamado a las autoridades a instalar mesas de trabajo y asignar recursos presupuestales para garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales que protegen sus derechos.
